Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social, manifestamos nuestra indignación por la situación de conflicto persistente en el barrio de Abasto, la cual vuelve la atención sobre históricas demandas no saldadas respecto del acceso a la tierra, así como sobre los excesos y arbitrariedades ejercidos por el mercado inmobiliario regional, frente a la negligencia o desidia de autoridades y organismos con responsabilidad en el tema. 

Los desalojos son formas de intervención que lejos de abordar la complejidad del conflicto, lo agravan y/o contribuyen a desplazarlo de la escena pública, perpetuando situaciones de injusticia. En este caso, se trata de familias trabajadoras en situación de pobreza, disputándose el acceso a la tierra para la producción agrícola.

Frente a la inminencia del desalojo previsto para este miércoles 6 de mayo en 520 y 214, nos sumamos a las organizaciones y grupos que reclaman por la suspensión del mismo, exigiendo el abordaje de este problema de manera mediada por espacios públicos que garanticen la protección de las familias cuyos derechos se encuentran vulnerados.

Como espacio institucional de DDHH, asumimos el compromiso de continuar y profundizar el tratamiento del tema, así como otros similares que ponen en evidencia la complejidad de problemática de la tierra en la región, implicándonos activamente en instancias de contrucción de propuestas e intervenciones alternativas que puedan generarse en el marco del trabajo que vienen desarrollando en este sentido distintas organizaciones sociales y políticas, así como representantes de justicia y de organismos gubernamentales con injerencia en el tema.

Cabe aclarar que el desalojo anunciado para el día 6 de mayo fue impedido a partir de una precautelar presentada por el Dr. Luis Arias -Juez en lo contencioso administrativo- ante el Poder Ejecutivo. La misma se originó en el marco del proceso de organización y resistencia que vienen sosteniendo las familias de los ocupantes y organizaciones de la región.

Sin embargo, el jueves 7 de mayo,  la orden del desalojo se impuso, generando hechos de violencia y despojo que repudiamos enérgicamente, volviendo la atención sobre la urgente necesidad de dirimir estos confictos de fondo a través de la generación de medidas ausentes en términos políticos e instancias de mediación que deliberamente se decidió obviar y desconocer como alternativa.