Dada la experiencia colectiva de trabajo en la temática y el compromiso sostenido históricamente desde nuestra Facultad con la defensa de los Derechos Humanos y de los niños y niñas en particular, manifestamos la preocupación institucional por la ausencia de condiciones que efectivicen los principios protectorios de derechos que establece la Ley 13.298 y el Decreto Reglamentario 300 en la jurisdicción provincial.

Reconocemos la necesidad de garantizar la implementación plena del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos en todo el territorio provincial, tras 9 años de vigencia de la ley 13298. Si bien entendemos que todo proceso de cambio supone un tiempo en el cual transitar resistencias, observamos con gran preocupación la persistencia de problemas que podrían abordarse con una decisión política y presupuestaria por parte de las autoridades provinciales y municipales en pos de garantizar la efectiva aplicación de estas leyes dando prioridad al tema en las políticas públicas.
   
Una muestra de los problemas evidenciados es el desfinanciamiento generado a las casas de la Obra de Cajade que desde años vienen sosteniendo un accionar asistencial dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza y que hoy se ven imposibilitados de continuar con dicha tarea por no contar con los recursos requeridos.

Otra expresión manifiesta es la persistencia de niños y jóvenes en situación de calle, expuestos a condiciones de vida infrahumanas que carecen de toda atención del Estado; sumado a las precarias condiciones de trabajo en la que se encuentran los trabajadores y profesionales de la Sub Secretaría de Niñez.
En cualquiera de estas situaciones se desconoce la interdependencia e indivisibilidad de los derechos que requiere de un abordaje conjunto de las áreas de competencia de los distintos Ministerios en el marco del accionar de la Comisión Interministerial -encargada de establecer las directrices de las políticas de promoción integral de derechos de todos los niños de la Provincia de Buenos Aires-.

Las situaciones descriptas nos llevan una vez más a compartir con la sociedad nuestra profunda preocupación y a plantear la necesidad urgente de jerarquizar el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos, generando políticas efectivas de atención a las infancias con derechos vulnerados y condiciones de trabajo adecuadas a la complejidad inherente a la tarea de los equipos técnicos, oponiéndonos a toda medida que implique el desfinanciamiento de los servicios.

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.