La Comunidad Educativa de la Facultad de Trabajo Social vuelve a pronunciarse exigiendo al Estado políticas públicas que materialicen los principios contenidos en la CIDN incorporada a nuestra CN en 1994, en la legislación nacional 26.061/06 y en la provincial 13.298/04.
   Motiva este pronunciamiento público la profunda preocupación e indignación que genera la persistencia de situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas de nuestra ciudad -y de la provincia en general- que permanecen varias horas en la calle, "corridos" de las plazas, fuera de la escuela y de sus hogares, con poco abrigo, mal alimentados y con problemas de salud por citar algunos problemas que padecen de manera cotidiana y frente a los cuales la única respuesta estatal pareciera ser la represiva, en oposición a la acción protectoria e inclusiva a la que está legalmente obligado.
Nuestra Facultad junto a otras organizaciones sociales e instituciones estatales realiza un trabajo territorial desde hace más de 20 años, dirigido a generar estrategias que pongan en tensión esta realidad; no obstante las dificultades evidenciadas en la aplicación de la ley como principio rector de las políticas de atención a los niños y niñas nos convocan a realizar un llamamiento a las autoridades que ponga fin a esta situación.
Sabemos que muchos compañeros hacen denodados esfuerzos en los territorios para instituir prácticas sociales inclusivas, democratizar el debate y la construcción de políticas desde los Consejos Locales y/o Asambleas distritales y desde otros tantos espacios de compromiso militante. Pero, la falta de decisión política para generar condiciones objetivas que garanticen el pleno funcionamiento del Sistema de PPID desde la Comisión Interministerial, la actuación del Defensor del Niño, el funcionamiento del Observatorio Social, la creación y funcionamiento adecuado de los Servicios Locales y Zonales, asignando los recursos humanos y presupuestarios necesarios, indican una vez más que la problemática de la niñez no constituye un tema prioritario en la agenda del gobierno provincial y local.

Del recorrido transitado como Unidad Académica en el trabajo de indagación e intervención territorial en relación al tema observamos con preocupación las siguientes situaciones:

• La Comisión Interministerial si bien formalmente se ha constituido, no traza directrices para una política pública de alcance universal que atienda integralmente las necesidades de los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires desde los efectores de salud, educación y asistenciales dependientes de las diferentes áreas del gobierno provincial y municipal en cada territorio. En oposición, continúa reproduciendo un accionar inscripto en una lógica asistencial fragmentada y focalizada de los problemas sociales, dirigido a niños y niñas "carentes" y no a un sujeto de derechos.
• La asignación presupuestaria del Estado provincial para políticas que atiendan las necesidades básicas de muchos de los niños y niñas es sumamente deficitaria. Si consideramos que el presupuesto destinado al Ministerio de Desarrollo Social pasó del 4,19% del presupuesto provincial para el año 2011 al 3,43% para el 2012, sin que se haya modificado la estructura productiva ni la generación de empleos, este dato es sumamente preocupante. Asimismo, el presupuesto destinado a Infancia es de 477.477 millones de pesos, apenas el 12,21% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social; que se distribuye de manera muy asimétrica y confusa, donde sólo el 20% del mismo es destinado al financiamiento de servicios zonales y locales, mientras ese presupuesto se duplica para becas y casi se triplica para financiar instituciones privadas lo que marca la persistencia de prácticas vinculadas al modelo tutelar, sumado a cierta indefinición cuando aparece en la descripción del presupuesto el rubro "otras" sin especificar.
• La dispersión y multiplicidad de programas que hoy conforman la política de niñez provincial diluye el sentido de integralidad así como los principios del enfoque de derechos: interdependencia, exigibilidad, universalidad, e indivisibilidad. Lejos de enmarcar las acciones desde este enfoque, se continúa pensando la intervención del Estado desde la focalización (con la asignación de becas por ejemplo); la privatización (con un porcentaje significativo del presupuesto del área que se destina al sector privado clínicas psiquiátricas y/o comunidades terapéuticas); y la descentralización programática pero sin recursos que permitan efectivizar un servicio de calidad.
• La conformación de los Servicios Locales es insuficiente y no se ajusta a lo explicitado por la ley. Los municipios que han dispuesto la creación de los mismos, lo han hecho adoptando diversos criterios y en muchos casos solo "de forma" sin arbitrar los medios para garantizar la composición interdisciplinaria de los equipos ni su formación específica en el marco del nuevo paradigma para atender la complejidad de las problemáticas que se les presentan. También las condiciones en las que los equipos trabajan son sumamente precarias en tanto carecen de salarios dignos, empleo estable, espacios físicos adecuados y el equipamiento necesario para desarrollar su labor.

En este sentido, es fundamental avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad que redireccione las políticas dirigidas a la atención de niños, niñas y jóvenes desde el enfoque de derechos. Y ello sólo es posible si estamos dispuestos a realizar un profundo replanteo sociopolítico, cultural y económico en pos de generar condiciones para -desde el Estado- acompañar a las familias en sus funciones de crianza. Diseñar e instrumentar programas que atiendan las situaciones de deterioro del entramado familiar y comunitario provocadas por las condiciones de marginalidad y pobreza en las que muchas familias se encuentran, producto de las políticas neoliberales  que los excluyeron del sistema productivo y del mercado de trabajo, es el principal desafío para fortalecer y consolidar nuestra democracia haciendo realidad la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.