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Documento en apoyo a la construcción de una política provincial de salud mental con enfoque de derechos.
La Audiencia Pública por un servicio de Salud Mental Infantil para el territorio provincial finalizó ayer en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. En el encuentro, que fue inaugurado por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, se presentaron diferentes propuestas para optimizar la intervención del Estado en materia de salud mental infantil y adolescente.

La Plata, 4 de septiembre de 2012

La Facultad de Trabajo Social de la UNLP elabora el presente documento en el marco de la convocatoria a Asamblea Pública realizada por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias a partir de la Causa (R)-15928-"ASOCIACION CIVIL MIGUEL BRU Y OTROSC/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOC PCIA BS AS Y OTRO/A S/ AMPARO;" y de la Resolución tomada por el citado Juez junto al Defensor Penal Juvenil Julián Axat en relación a una medida cautelar para proteger a un niño con A.D que como muchos otros niños, tienen sus derechos vulnerados ante la ausencia de políticas públicas provinciales que en la tramitación judicial de referencia son exigidas al gobierno municipal y provincial.
Nuestra Unidad Académica manifiesta su apoyo y reconocimiento a esta decisión política de la Justicia en relación a generar espacios institucionales de debate que contribuyan a redefinir y mejorar las políticas de niñez y de salud mental en la provincia, respetando la normativa vigente que plantea la obligatoriedad del Estado respecto de brindar asistencia frente a estas problemáticas.
Cabe aclarar que la ley hace referencia a la conformación y al trabajo sistemático y de carácter integral de la Comisión Interministerial en la definición, implementación y evaluación de políticas y programas dirigidos a los niños, niñas y jóvenes; así como de la dotación de Servicios Locales en cada distrito de acuerdo a las necesidades. Asimismo establece el carácter prioritario que deben asumir las políticas dirigidas a la niñez en el marco de la agenda gubernamental tendientes a constituirse como políticas de estado, cuestión que actualmente es sumamente deficitaria.
Desde nuestro compromiso institucional histórico con la defensa de los Derechos Humanos denunciamos este vaciamiento de políticas y reafirmamos la necesidad de poner fin a la privatización de la atención en salud mental y adicciones mediante el escandaloso negocio de la tercerización con clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas que ofrecen abordajes desde una lógica pragmática que escinde los problemas de los contextos en que los mismos son producidos y reconocidos. Es decir, desde la política provincial se desconoce la vinculación estructural de los problemas que afectan a niños y jóvenes en tanto expresiones de la cuestión social, referenciadas en este caso por el uso problemático de sustancias tóxicas frente al cual no hay una red de prestaciones socio sanitarias públicas que brinde un abordaje integral y efectivo.
Entendemos que el debate respecto de las problemáticas de salud mental y adicciones es estratégico y urgente; y requiere de una planificación seria y con enfoque de derechos que  establezca estándares, protocolos de actuación, dispositivos terapéuticos, y tratamientos en el marco de la ley provincial 13.298 y de la ley nacional 26.657.
En tal sentido consideramos fundamental compartir las siguientes reflexiones a fin de exigir al Estado Provincial y Municipal que tomen la decisión política y presupuestaria de estructurar una línea programática efectiva en la materia. Para ello es importante reconocer:


-La importancia de generar políticas y programas que procuren intervenciones inscriptas en el respeto por el interés superior del niño, y que contribuyan a la consolidación de una red intersectorial capaz de fundar y sostener la coherencia de las intervenciones frente a las diferentes situaciones.

-Los déficit y la profunda desinversión de la política estatal frente a la problemática de la niñez desamparada y con uso problemático de sustancias.

-La urgencia de contar con dispositivos institucionales y prácticas profesionales interdisciplinarias que ofrezcan una atención integral, coordinada y conjunta, entendiendo al sujeto socio deseante como totalidad. Cabe aclarar que entendemos lo interdisciplinario como un posicionamiento que obliga básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina. Por tanto es una forma de trascender los análisis especializados o particulares así como las prácticas del trabajo en equipo. Una aproximación interdisciplinaria incluye la mirada desde la especificidad de cada disciplina a través de intercambios disciplinarios, que producen enriquecimiento mutuo y transformación.

-La relevancia  de construir un entramado de intervenciones protectorias de derechos que fortalezcan los espacios comunitarios, familiares y vinculares de los niños, niñas y jóvenes con derechos vulnerados en pos de garantizar condiciones de vida que les permitan revertir la situación.

-La necesidad de sostener que el encierro vía la institucionalización sea el último recurso y sólo en casos excepcionales frente a determinados padecimientos; y de que la misma sea realizada en instituciones estatales públicas mediante la intervención del servicio especializado que deberá estar constituido en cada región sanitaria; estando sujeta a revisión y análisis permanente. Es decir, entendemos que la internación en una institución no debe implicar bajo ningún concepto la vulneración de derechos fundamentales de niños y jóvenes; razón por la cual deben preservarse el derecho a espacios de recreación, educativos y de producción como instancias centrales de toda estrategia terapéutica que procure restituir los lazos sociales del sujeto con su entorno.


En virtud de lo expuesto, y con la firme convicción de continuar acompañando los procesos de lucha por los Derechos Humanos en general y por los derechos de los niños en particular, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la implementación de la ley nacional de salud mental, y por la materialización de los principios establecidos por la ley 13298, y quedamos a disposición para enriquecer el debate con propuestas desde este ámbito académico-institucional.