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Pronunciamiento en defensa de la Educación Pública, No arancelada y de calidad

Frente a los dichos del presidente Mauricio Macri donde planteó: "Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público"; (30/10/17) manifestamos nuestra preocupación como comunidad académica.

Sus declaraciones son una muestra más de una política de ajuste sobre la educación pública y de su intención en avanzar en el recorte para las universidades. No acordamos con la concepción neoliberal de que la educación sea un gasto, es una inversión, ya que estamos convencidos que el conocimiento nos permite construir pueblos más justos.
Son falaces los argumentos que frente al aumento de presupuesto en infraestructura, planta docente y matricula, esto redunda en solo una tasa del 13% de egresados; ya que por un lado esta es una tendencia presente en los países europeos y en  Norteamérica donde el funcionamiento de universidades privadas también arroja un índice bajo de graduación. Y por otro, porque las universidades también se convierten en lugares de inclusión, de alojamiento de trayectorias diversas, de garantes de derecho, que no pueden traducirse mecánicamente en tasas de ingreso-egreso. 

También es desconocer que la Universidad no solo "fabrica egresados" sino que tiene otras funciones fundamentales como la extensión y la investigación que contribuyen a la dinámica de nuestras sociedades.

La Argentina tiene una larga tradición desde la reforma universitaria de 1918 de ingreso irrestricto y de igualar las oportunidades para que toda aquella persona que ha egresado de la escuela secundaria pueda acceder a la universidad. El ingreso irrestricto es un postulado constitutivo de la universidad pública Argentina. En otros países existen exámenes de ingreso que establecen una restricción muy grande o hay casos donde rigen exámenes de egreso o de certificación al terminar la escuela secundaria. El sistema público universitario insume el 1% del PBI y en comparación del resto de los países Latinoamericanos es uno de los mejores sistemas en accesibilidad y permanencia pero el menor en inversión de presupuesto.

Asimismo, entre el ingreso y el egreso existen una serie de políticas académicas para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo y no abandonen. Políticas de bienestar estudiantil, estrategias pedagógicas  vinculadas a los procesos de aprendizaje y de alfabetización académica para la cultura universitaria no se enmarcan en una necesidad de ajuste por el problema del déficit fiscal ni son argumentos honestos y válidos para una reforma que persigue en el fondo una cuestión económica monetaria.

Esto no quiere decir que no tengamos cosas por mejorar, pero analizarlo en términos de gastos y eficiencia es una falacia que responde a una intencionalidad clara: el recorte y ajuste de nuestras universidades. Los dichos de Macri ocultan que si ha habido un incremento del personal es porque ha habido una ampliación de la oferta académica, entonces hay más cátedras que cubrir o hay otras actividades de la universidad en vinculación con su  territorio.
No nos sorprende, el discurso del gobierno es muy descontextualizado y propio de una estrategia que pretende instalar una corriente de opinión a favor de esa perspectiva, en detrimento de profundizar y consolidar una educación superior pública e inclusiva. Existe una línea de continuidad frente el ajuste en Ciencia y Técnica, el desprestigio de las universidades públicas, el ataque al sistema previsional, obras sociales, el trabajo y la organización sindical, entre otras cosas.
Reducir el "gasto público" en educación implica menos inclusión, producir menos conocimiento, y empobrecernos como país.

Rechazamos las concepciones mercantilistas que tiene el gobierno nacional, realizamos un llamamiento a toda la comunidad universitaria, gremios y población en general a estar en estado de alerta frente a la educación pública, frente a esta avanzada neoliberal.

La Educación No es una Mercancía, es un Derecho Universal y el Conocimiento un Bien Público. En el campo educativo y social, uno de los interrogantes fundamentales al momento de construir otro presente y otro futuro para nuestras democracias latinoamericanas se dirimirá en la real posibilidad de garantizar y diseñar las políticas públicas tendientes a consagrar el derecho a la educación como bien social.

Equipo de Gestión de la Facultad de Trabajo Social.