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Comunicado de repudio de la FAUATS frente a la baja de pensiones a personas con discapacidad.

La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS) rechaza y repudia la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad.

Esta medida del gobierno nacional fue tomada haciendo uso del decreto 432 firmado en 1997 por Carlos Menem, que no había sido instrumentado hasta que el actual gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, apeló a ese texto para dar de baja miles de pensiones por discapacidad. Recordemos que los decretos no pueden contradecir la Constitución Nacional, y que Ley nacional  27044 aprobada en noviembre de 2014 otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional, a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyos principios esta medida viola de manera flagrante.

Esta quita de pensiones constituye un nuevo ajuste, cobarde y criminal, aplicado a una de las poblaciones que padece mayores condiciones de vulnerabilidad social. Para esta acción no ha mediado ni siquiera un informe profesional sobre las situaciones de estas ni una comunicación oficial de esta arbitraria medida a los damnificados, quienes se enteraron cuando no pudieron cobrar su ingreso. Esta falta de previsión genera una doble victimización.
Por otra parte cabe aclarar que en el otorgamiento de todas estas pensiones que hoy se dan de baja, participaron profesionales de nuestra disciplina y de otras (médicos, psiquiatras, psicólogos, según el caso) evaluando profesionalmente cada caso.

Estamos frente a una nueva política de fomento a la desigualdad. La discapacidad no es un hecho reductible al plano biológico y privado, sino un proceso social. El gobierno está convirtiendo una diferencia en desigualdad al eliminar un mecanismo de compensación para este sector vulnerable. Son nuestras sociedades y sus gobiernos los que producen desigualdades al no generar los mecanismos de accesibilidad y construcción de oportunidades necesarios para garantizar el acceso a los derechos que nuestra Constitución  consagra. La pensión por discapacidad no es una dádiva. Es un derecho que tiende a garantizar mínimas condiciones de subsistencia en una sociedad donde el desempleo crece y las posibilidades de acceso a un trabajo son aún más difíciles para quienes padecen una discapacidad de algún tipo, como lo indican diferentes estudios y estadísticas nacionales e internacionales. Los planteos neoliberales, meritrocráticos e individualistas que arrojan a la esfera privada problemas que son públicos y políticos deben ser denunciados porque atentan contra la posibilidad de una vida digna y en muchos casos contra la misma supervivencia.

Instamos al colectivo profesional a reflexionar y repudiar estos hechos generados por este gobierno que en caso de consolidarse en las elecciones de octubre de este año sin dudas profundizará el más duro de los ajustes para nuestro pueblo llevándolo como lo está haciendo a una de las peores crisis de su historia.

Nuestro colectivo profesional debe velar por un Estado que garantice los derechos consagrados en nuestra legislación y los amplíe.

Solicitamos la derogación del decreto 432/97 que contradice principios constitucionales, el re-otorgamiento de las pensiones que hubieran sido dadas de baja, y un fortalecimiento de políticas integrales de atención a las personas en situación de discapacidad.

Comisión Directiva de la FAUATS, 14 de junio de 2017